No es lo mismo

Pocos asuntos han generado tanta polémica y provocado tanta contestación social como el catastrazo en Algeciras. La decisión del PSOE, en el mandato anterior, de aprobar una nueva ponencia de valores catastrales derivó en dos masivas manifestaciones en 2009 contra la subida de impuestos que llevaba implícita la medida, principalmente del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). El ruido de la calle obligó al anterior equipo de gobierno a recular e impulsar una serie de medidas para mitigar los efectos del catastrazo. Las bonificaciones y las reducciones del tipo de gravamen, por parte del Ayuntamiento, han funcionado como anestesia y el recibo del IBI ha estado contenido durante todos estos años, lo que ha sembrado la sensación de que ya todo está solucionado. Sin embargo, el problema todavía no ha sido extirpado de raíz, ya que la semilla que ocasionó este mal -la ponencia de valores- sigue en vigor. El actual Gobierno municipal del PP, pese a lo aprobado en el pleno, no ha instado este año a la Dirección General del Catastro a realizar una nueva ponencia para Algeciras. En su lugar, ha solicitado una actualización a la baja de los valores del 25%. Una medida, que si bien también resultará beneficiosa de concederse, no tendrá los mismos efectos en los contribuyentes. Algo de lo que ya ha advertido Fapacsa, que teme que al final nos den gato por liebre.

La actual ponencia de valores se aprobó en 2008 y entró en vigor en enero de 2009. Es decir, que el Catastro realizó el trabajo de campo en plena burbuja inmobiliaria. El valor medio de las fincas de Algeciras sufrió un incremento del 160%, pasando de 33.587 a 87.137 euros. La asociación de vecinos de Fuerzas Armadas y Fapacsa se pusieron al frente de la lucha contra el catastrazo y más de 5.000 personas pidieron su anulación en dos manifestaciones. A finales de 2009, con el consenso del movimiento ciudadano, el equipo de gobierno del PSOE e IU aprobó un paquete de medidas para paliar sus efectos. Éstas fueron la congelación del recibo del IBI en 2010 y 2011, y una subida conforme al IPC entre 2012 y 2014. Del mismo modo, se llegó al compromiso de solicitar una nueva ponencia una vez transcurriera el mínimo preceptivo por ley -cinco años- para que ésta entrara en vigor en 2015. Una hoja de ruta que se ha cumplido salvo en el último y más decisivo punto.

El PP heredó este problema cuando llegó a la Alcaldía en 2011, por lo que no se le puede cargar ninguna culpa. No obstante, extraña que una vez entrados en este decisivo año 2014 el equipo de gobierno no haya solicitado una nueva ponencia. Más si cabe ya que fue el actual alcalde, José Ignacio Landaluce, el que abanderó la batalla política para que se anulara la actual. Por lo tanto lo considero una incongruencia, sobre todo si tiramos de hemeroteca y repasamos los argumentos que él mismo empleó estando en la oposición. El PP se abstuvo en el pleno en el que se aprobaron las medidas contra el catastrazo por dos razones: primero, porque se le dejó al margen en las negociaciones con los colectivos vecinales; y segundo, porque consideró que lo fundamental era anular la ponencia cuanto antes. Tal fue así que días después Landaluce llevó una iniciativa al Congreso en este sentido que fue rechazada.

El dirigente del PP señalaba, con razón, que el problema radicaba en la nueva ponencia ya que ésta no sólo repercute en el IBI sino también en otros impuestos como el de Sucesiones, Transmisiones o segunda residencia, entre otros. Su objetivo era reducir los valores catastrales. Por ello fue bien acogido el anuncio que realizó a principios de este mandato el concejal de Hacienda, Luis Ángel Fernández, de promover revisiones parciales en las barriadas más afectadas -San García, Colonia San Miguel o los Altos del Cobre- de cara a ir también adelantando trabajo con vistas a la revisión global que debía entrar en vigor en 2015. Sin embargo, estas revisiones parciales nunca llegaron, según el Ayuntamiento por la negativa del Catastro, como tampoco parece que vaya a haber nueva ponencia de momento.

Fernández ha indicado recientemente, en declaraciones a la SER recogidas por La Verdad, que el Ayuntamiento se ha decantado por pedir al Ministerio de Hacienda una actualización de los valores catastrales con vistas a que éstos puedan bajar un 25% de forma lineal. Es decir, que repercutirá en todas las fincas por igual independientemente de la subida que experimentaran con el catastrazo. Sin embargo, para Fapacsa esta medida es insuficiente, ya que alerta de que ahora con la crisis el valor de los inmuebles está inflado entre un 40 y un 60%. Un desfase que se tendría que corregir con la nueva ponencia, que debería situar el valor de cada inmueble acorde con su actual precio de mercado. La federación añade que la quita del 25% tampoco podrá subsanar los casos más extremos, ya que hubo inmuebles cuyo valor subió con la nueva ponencia hasta un 300% o más.

La propia Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, se ha hecho eco de la diferencia entre actualización y revisión total de los valores. Según recogía Europa Sur en febrero de este año, la Defensora destaca en su memoria de 2013 las quejas ciudadanas -incluidas de Algeciras- en las que se duda de la idoneidad de la medida de la actualización frente a los catastrazos, ya que los afectados prefieren revisiones totales. Becerril reseña, no obstante, que el Catastro está rechazando en muchos casos las nuevas ponencias. En lo que respecta a Algeciras, ni siquiera se tiene constancia de que el equipo de gobierno de Landaluce haya pedido la nueva ponencia. No sabemos si porque realmente no lo ha hecho o porque prefiere no contar que su propio Gobierno central del PP se lo ha denegado.